domingo, 29 de mayo de 2011

Jucio a Taringa - Crimen a la libertad de acceso a la información

Una nube oscura se cierne sobre internet. Otra vez la cámara argentina del libro embistió (como con el caso Potel 1 2 3) con acciones judiciales contra sitios que difunden material y obras literarias en formato digital, ya sea directa o a través de enlaces a sitios de terceros.
Quienes están a favor de esta posición argumentan que esto corresponde para que se respeten los derechos de los autores. Lo curioso es que no son los autores quienes llevan adelante estas denuncias sino las cámaras de comerciantes de libros, que miopemente responsabilizan a sitios como estos de las ventas de los libros. Aquí no está en juego lo que el autor recibe por la venta de su obra sino la ganancias de las editoras y el libre acceso al público de textos fundamentales pero de baja difusión impresa.
Muchas veces los textos (no los libros) que se encuentran en estos sitios no se encuentran en las librerías y las editoriales no reeditan hace años por el risego de imprimir obras literarias y filosóficas que solo consume un grupo de intelectuales pobres y marginales.
Les puedo asegurar que no son justamente los libros más vendidos en las librerías lo que se pueden descargar aquí, sino textos ineditos o que no se imprimen hace años.
Por otro lado -para darle algo de mérito a la industria editorial- habría que diferenciar el texto del libro. Un libro es un objeto, material y concreto, que se puede medir como mercancía. La industria editorial brinda libros no textos. Claramente las editoriales no escriben, los que escriben los escritores. La industria editorial distribuye en un formato (soporte) material, el libro, y en ese concepto es que monetariza el intercambio.
Los medios digutales han creado una creciente democratización de la circulación de información, entre los cuales se encuentran los textos aquí en disputa.
Este tipo de circulación abierta, fluída, debería estimular (no disminuir) la venta de libros porque la gente tendría más conocimiento de las obras de estos autores. Ahora es un desafío de la industria editorial brindar textos variados a precios razonables.
El tráfico de textos que se pueda dar en sitios como Taringa debería servir a la editoriales como indicadores de los gustos e intereses de los lectores argentinos. En vez de resistirse a las nuevas técnologías y deberían utilizarlas para brindarles a los lectores mejores libros.
Después de todo la experiencia de leer un libro no será reemplazada por la del texto digital.
La justicia no debería desconocer las nuevas formas de licenciamiento de las obras intelectuales y diferenciar el acceso a esta información tanto como derecho y como acto privado como los consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
En mi opinión personal, para el Estado debería ser de su interés promover el acceso libre a textos internet, con fines -ante todo- educativos. Estos medios digitales multiplican el acceso a saberes especializados que antes solo circulaban en las capitales europeas y del norte. Hoy que se ha logrado democratizar el acceso a esto bienes culturales a través de los medios digitales, Vamos a censuralos? Vamos a volver a autoimponernos trabas para acceder a bienes culturales a través de medios digitales?
Como en el caso de Horacio Potel, la justicia debe desestimar las acciones legales contra Taringa, más que por los derechos de los procesados, por los derechos de los usuarios del servicio que brindan que logran tener acceso a textos que no podrían encontrar de otra forma.




Muchos sabrán a esta altura la situación que atraviesa hoy Taringa! Es por esto que queremos explicar los hechos con claridad como siempre lo hacemos, defendiendo nuestro trabajo y explicando el potencial daño que este proceso podría causar a la libertad en Internet en nuestro país.

Hacia 2009, La Cámara Argentina del Libro, las editoriales Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados, Ediciones de la Flor S.R.L., Ediciones La Rocca S.R.L., Editorial Universidad S.R.L., Gradi S.A. promovieron una denuncia contra Taringa! y otros sitios por supuesta infracción a la ley 11.723. La denuncia originalmente no prosperó en un procesamiento, y sólo pudo seguir su curso, luego de un recurso de apelación denegada.

Tal vez no todos nuestros usuarios sepan que significa este procesamiento, es por ello que nos parece bueno una breve reseña y así tener algo de claridad sobre lo mucho (o poco) que se está informando en este tema: El procesamiento es una instancia procesal que da por concluida la etapa de instrucción, de cara a la elevación a juicio de una causa penal. En términos generales el procesamiento indica que para los jueces existen elementos que justifican un juicio oral

¿Qué es lo que pasó hasta ahora?

Se nos intenta responsabilizar por ser titulares del medio, del instrumento, sin detenerse a reparar que no hemos cometido ninguna conducta penada por la ley. La Cámara confirma un procesamiento a partir de la presunta participación criminal en hechos penados por el art 72 de la ley 11.723, lo que equivale a sostener que como administradores de un sitio web somos garantes de la conducta seguida por nuestros millones de usuarios. Esto afirma el auto de procesamiento de primera instancia al intentar explicar el funcionamiento de este sitio web "Dicho accionar ha permitido que usuarios publicaran links autorizando la descarga de obras protegidas… sin que dicho accionar fuera evitado”. Se endilga la omisión en el control sin siquiera reparar si tal control es posible (esta es la verdadera discusión que debería estar planteándose en la justicia), y de allí se concluye en la participación criminal (si, leyeron bien, criminal) por omisión de una conducta penal que sólo puede ser cumplida por “comisión”, es decir llevándola adelante.

Bajo esta lógica se acusará también a los proveedores de Internet, a los buscadores, a los blogs, redes sociales, etc etc. sin cuya participación no habría delito posible. No es un dato menor, porque no es una discusión sobre Taringa! sino que abarca a todos los que participamos de internet y las redes sociales.

Es el Estado quien tiene a cargo la persecución de los autores de delitos, y es también a los titulares de derechos de autor a quienes la ley les da las herramientas para proteger sus obras. Como administradores de un sitio web no podemos reemplazar a uno ni a otros, no podemos investigar el destino final de cada uno de los 20.000 post diarios que recibimos, escrutando la inmensidad de Internet, para determinar eventualmente sobre la licitud o ilicitud de lo que sea que allí encontremos.

Este fallo deja entrever el escaso conocimiento y estudio que existe en nuestra justicia sobre Internet y el profundo impacto que la misma supone para el entramado de relaciones jurídicas de nuestro mundo actual. Es preciso que nuestros usuarios sepan que esperamos el Juicio para defendernos y defender aquello en lo que creemos. Lo que aquí se resuelva será de suma importancia para todos los que formamos parte de Internet.


Confiamos entonces que en esa oportunidad nuestra Justicia sabrá juzgarnos sobre la base de aquello que hayamos hecho y esté prohibido por las leyes, ya que está en riesgo el futuro de Internet tal como la conocemos hoy en día, el futuro de los contenidos, de los accesos y de todas las herramientas que usamos a diario para trabajar, para entretenernos, para informarnos.

lunes, 9 de mayo de 2011

Marcha por la despenalización de la Marihuana

El sábado 7 de mayo se celebró la Marcha Mundial de la Marihuana en Argentina. Organizada en forma autónoma en cada ciudad y coordinada a nivel nacional por la Revista THC, en simultáneo con 250 ciudades del mundo, más de 25 mil activistas y usuarios de cannabis, legisladores y personas comprometidas con el respeto a las libertades individuales se congregaron en 23 ciudades de Argentina para pedir una reforma de la ley de drogas que derogue la tenencia simple y termine con las detenciones, la discriminación y el maltrato a los usuarios y cultivadores.
En la ciudad de Buenos Aires, más de 15 mil personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, en una columna encabezada por usuarios, cultivadores, agrupaciones y los diputados nacionales Claudio Lozano, Victoria Donda y Cecilia Merchán. Estas dos últimas, son las autoras del único de los cinco proyectos de ley que anula la tenencia simple, categoría por la que hoy, según la actual ley de drogas, cualquier persona puede ser detenida y procesada por el simple hecho de tener en su poder una sustancia o cultivar una planta. De este modo, el proyecto propone una persecución más eficaz del narcotráfico, al concentrar las fuerzas policiales en la sanción de los delitos de comercio y respetar a la vez los Derechos Humanos.
Sosteniendo el grito “Libertad, libertad, a los presos por plantar” que comenzó Matías Faray, fundador de la Agrupación Cannábica del Oeste (ACO) recientemente excarcelado luego de pasar 15 días en una comisaría por un cultivo doméstico, la columna avanzó firme y a contramano por la Avenida de Mayo. La bandera que antecedía a la multitud reclamaba: “Despenalización Ya. No a la tenencia simple”, en referencia a la figura penal por la que más de 9 mil usuarios de drogas son criminalizados por año. La llevaban consumidores, cultivadores de cannabis, usuarios medicinales, promotores de la reducción de daños y los diputados nacionales Donda, Merchán y Lozano. La marcha contó con el apoyo oficial del INADI, cuya vicepresidenta María Raschid, actualmente de viaje, envió su apoyo y una carta que fue leída desde el escenario.
Al llegar a Plaza Congreso, la multitud presenció los discursos de representantes de usuarios y cultivadores, del conocido abogado Joe Stefanolo y de la diputada Donda. “¿Cómo vamos a pelear en serio contra el narcotráfico si no despenalizamos el cultivo para consumo personal y la tenencia simple?”, se preguntó la diputada frente a miles de personas que la escuchaban con atención. “El cambio de ley es urgente, tenemos que hacerlo ahora, no se puede esperar mientras está en peligro la vida de una persona por su elección”, reclamó Donda desde el escenario en medio de un aplauso multitudinario. “La ley de drogas no sólo ataca nuestro derecho a elegir, también viola nuestro derecho a vivir y a los Derechos Humanos, si no que le pregunten a William Vargas”, sentenció, en referencia al joven mendocino condenado a 3 años de prisión por “tenencia simple” de 7 plantas de marihuana y posteriormente torturado en un penal de Mendoza.
La solidaridad que hoy se ve acá es la que me permitió estar hoy en esta plaza. Tenemos que seguir hasta que se sancione una nueva ley. No se bajen de la ola”, arengó Matías Faray, fundador de la Agrupación de Cannabicultores del Oeste. A su turno, la legisladora porteña María José Lubertino remarcó que “Estamos todos acá por el derecho a la salud y a la libertad. Toda la sociedad tiene que entender que éste es un debate trascendental contras los dinosaurios”. “Tenemos que estar juntos para protegernos y cultivar de manera colectiva, tenemos que seguir plantando y, más que nunca, salir a la calle”, pidió Adriana Funaro, de la Agrupación Cannabicultora de Zona Sur, quien fue seguida por Mike Bifari, representante de la asociación Cogollos de Córdoba que destaco los beneficios de la planta de cannabis. Ricardo Paveto, de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, recordó que acaban de liberar a Alicia Castilla en Uruguay, quien estaba detenida por cultivar sus plantas. “Es una muy buena muestra de que las cosas están cambiando en Sudamérica”, se alegró, y aclaró que “no estamos en cualquier lugar, estamos frente al edificio donde se deciden las leyes que pueden hacer mejorar o empeorar la vida de una nación y tenemos que decirles a todos los legisladores que en una verdadera ley que busque combatir al narcotráfico no puede haber un sólo artículo que ponga a los usuarios y cultivadores en una situación de persecución penal. Posteriormente, Juan Pablo Felipponi, de la Asociación Cannabica de Buenos Aires, lanzó su proclama: “Tenemos que militar todos los días, en todo momento. Tenemos que dejar de mirar el indoor y debatir en todos lados para que esto cambie”. “Que estar ansiosos no permita que nos engañen. No firmemos cualquier cosa, leamos bien la letra chica. Una ley que no derogue la tenencia simple, el autocultivo y libere cantidades no va a terminar con el problema”, advirtió luego Verónica Russo, referente nacional de la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los/as Usuarios/as de Drogas.
En Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Bariloche, La Rioja , Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Formosa, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Resistencia, Río Grande, Catamarca, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, San Pedro, Ushuaia y Venado Tuerto, más 10 mil manifestantes se unieron al reclamo. En Rosario, organizada por la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis (AREC) junto a otras agrupaciones, 3 mil personas marcharon desde Plaza Pringles hasta la Plaza de la Bandera, mientras que en Córdoba también fueron casi 3 mil los asistentes que se congregaron en el parque Las Heras.
Argentina, una vez más, se planto por sus derechos.

domingo, 8 de mayo de 2011

Padre de Familia: Temporada 9 on-line.

La familia Griffin ya lleva nueve temporadas -a pesar de haberla levantado del aire dos veces- en televisión. Está sagaz e inteligente crítica de la cultura norteamericana continúa con su estilo políticamente incorrecto. Esta vez el programa cuenta con mayor producción, mejor calidad en los gráficos, participación de estrellas (como el ya habitual James Woods), y con el mismo humor ácido de siempre.
La novena temporada de Padre de Familia (Family Guy) está disponible en Cuevana.
El primer capítulo de la 9 na. temporada de Padre de Familia se puede ver en este enlace.

jueves, 5 de mayo de 2011

Carta del Secretario de Medios a la comitiva de la SIP

El Secretario de Medios de la Nación, Juan Manuel Abal Medina envió a la SIP el siguiente comunicado.

Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978, en plena dictadura militar, la Argentina recibió una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encabezada por Edward Seaton, propietario del diario “Mercury” de Kansas e Ignacio Lozano, de “La Opinión” de Los Angeles.
Durante su visita, los representantes de la SIP entrevistaron a más de cinco docenas de personas y elaboraron un documento notable, que no fue divulgado entonces por la prensa de nuestro país.
Entre las principales conclusiones de ese informe se destacan las siguientes: para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, justificaban la censura por manifestarse de acuerdo con la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel mediante la empresa Papel Prensa.
No hace falta explicar demasiado el contexto en que fue realizada esa visita. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el asesinato, el secuestro y la desaparición de miles de personas -entre ellos más de un centenar de periodistas-, la existencia de campos de concentración donde reinaba la tortura y la muerte, y la difusión del terror sobre el conjunto de la sociedad definieron aquella época que recordamos como la más trágica de nuestra historia.
La Argentina recuperó en 1983 la institucionalidad democrática y desde entonces sostiene la plena vigencia del Estado de derecho. Los ciudadanos de nuestro país, entre ellos los periodistas, los trabajadores de prensa y los dueños de medios de comunicación, gozan de completa libertad para investigar, recabar información, opinar y expresar sus ideas.
Nuestra gestión está comprometida con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión, como puede comprobar cualquier ciudadano, e inclusive cualquier observador externo, hojeando un periódico local o viendo la televisión apenas unos minutos. Las críticas al gobierno nacional, en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo, son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los argentinos.
Por otro lado, es notable la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor. Estos hechos contribuyen a la construcción imperturbable de realidades virtuales que obligan a los ciudadanos a verificar a diario en qué mundo viven.
Aunque resulta asombroso que suceda de continuo sin que se tema poner en juego el prestigio y la confiabilidad, que son valores indispensables para la labor periodística; esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie. Entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura.
Pero no basta con la garantía de no censurar. Además de respetar el derecho de opinión de los propietarios de medios -a quienes ustedes representan- y la potestad que tienen para ejercerlo por intermedio de sus empresas periodísticas, queremos defender la libertad de expresión como garantía de participación en el debate público de las mayorías –a quienes representamos como autoridad democráticamente elegida-.
En esta línea, hemos impulsado con mucha decisión un proceso de profunda transformación bajo el marco de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se ha convertido en una referencia a nivel regional e internacional. Sus objetivos son claros: promover la desconcentración, fomentar la competencia y garantizar la participación del sector privado no comercial en el mercado de la comunicación para abaratar y universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y democratizar los contenidos que por su intermedio se difunden.
Al mismo tiempo, hemos desarrollado otro conjunto de políticas (relatadas en el Apartado I del Informe adjunto) que suscriben la misma orientación general y responden al propósito complementario de garantizar un servicio público de comunicación de calidad, de carácter federal y popular, inclusivo de las producciones y el pensamiento nacional, y dirigido a todos los habitantes de nuestra patria sin exclusión alguna. Consideramos que es la mejor forma en que el Estado puede ejercer de modo efectivo la defensa de la libertad de expresión, entendida como derecho de todos.
El gobierno es consciente de que estas políticas deben implementarse en un contexto adverso, justamente aquél que apuntan a revertir: el de la acentuada concentración del mercado de las comunicaciones.
Sabemos que se trata del principal problema en la agenda de la libertad de expresión a nivel global, regional y nacional y entendemos que no alcanza con denunciar la concentración como amenaza estructural, si no podemos avanzar un paso más y hablar de sus actores concretos, los grupos concentrados.
En ese sentido, la visita de la SIP no puede ser más oportuna, ya que el grupo empresarial Clarín, formado por capitales argentinos y extranjeros y socio de vuestra organización, se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr una vigencia plena de la libertad de expresión en nuestro país.
El grupo Clarín, tal como la SIP constató en 1978, usufructuó su negativa a informar sobre la desaparición de personas para asociarse con el Estado en la explotación de Papel Prensa. Esto le permitió adquirir una posición privilegiada en el mercado, que consolidó más tarde con generosas regulaciones ofrecidas por distintos gobiernos democráticos, las que sin embargo incumplía.
Hoy, haciendo abuso de su posición dominante, discrimina a sus competidores, censura periodistas, inhabilita la actividad gremial de sus empleados, despide delegados o los espía para luego denunciarlos en sus propios medios, impugna judicialmente las decisiones asumidas por amplia mayoría en el Parlamento e incluso se resiste permanentemente a respetar los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.
Nos preguntamos si estas acciones que preocupan seriamente al gobierno y a muchos ciudadanos en nuestro país son vistas también con preocupación por las organizaciones internacionales que nuclean a las entidades periodísticas. ¿No es acaso para ustedes objeto de alarma el que un miembro de vuestra sociedad fundada en 1926 con el objetivo de “alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial” viole los derechos y principios que procuran defender?.
No existe de parte del Grupo Clarín y sus aliados reconocimiento de estos problemas. Por el contrario, los escuchamos a diario realizar acusaciones infundadas que intentan reducir nuestra convicción democratizadora a una cruzada autoritaria contra la sociedad y contra ellos.
Como respuesta, podemos decir que nuestra política pública ha sido abierta y transparente. Toda la sociedad la conoce y la mayor parte de ella venía reclamándola hace muchos años con su movilización y compromiso. El debate y sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una prueba cabal de ello.
Nada más alejado de la oscura persecución de una administración contra víctimas indefensas que esa ley, fruto del trabajo colectivo, alumbrada a plena luz del día, en el recinto que representa la voluntad de las mayorías populares.
Es legítimo que quienes han crecido bajo otro orden, que posibilitó y sostuvo las prácticas monopólicas en el mercado de las comunicaciones, no se sientan representados por estas políticas. Lo que no es legítimo es que sostengan una campaña de difamación pública, haciendo abuso de su posición dominante para falsear la realidad y que se escuden para proteger sus intereses empresariales en una supuesta defensa de derechos que incumplen de modo sistemático.
No existe hoy ninguna limitación estatal a la libertad de expresión en Argentina. Lo que existe es una ley, aprobada en el Parlamento, que promueve la limitación de los monopolios en el campo de la comunicación para proteger la defensa del pluralismo y la diversidad de voces.
Del mismo modo, como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus principios, al sostener que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
Y la Unesco, cuando en un documento de 2008 señala que las autoridades deben “exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad”; el gobierno nacional entiende que la desconcentración constituye un requisito para el ejercicio de la libertad de expresión.
Existe un amplio debate hoy acerca de estas cuestiones en los ámbitos académicos, sociales y políticos, tanto a nivel internacional, como regional y nacional. La cuestión planteada se refiere a si es posible garantizar el pluralismo informativo en un contexto de concentración tan acentuado, y qué papel debe asumir el Estado para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.
Es importante resaltar que, en América latina, el debate no pone solamente en juego el ejercicio de derechos individuales ni involucra al Estado únicamente como garante de éstos, sino que el poder económico de los grupos concentrados de medios y su capacidad de intervención en el debate público como un actor central, limita o en muchos casos disciplina a gobiernos, legisladores y funcionarios judiciales.
Se trata de una cuestión fundamental entonces que pone en juego también la calidad de nuestras democracias. En este sentido, la existencia de un mercado de la comunicación dominado por pocos grupos empresariales tiende a promover la formación de una opinión pública uniformada y un poder político subordinado, además de obturar el desarrollo de la libre expresión de ideas y difusión de informaciones.
Llamemos a las cosas por su nombre. Si existen limitaciones a la vigencia plena de la libertad de expresión hoy en Argentina, no se debe a la acción de este gobierno, que ha sido nítida y democrática; sino a la posición dominante de un conglomerado de medios -que funciona en los hechos como un actor político- y que ha decidido sostener su poder en el mercado de la comunicación colocando sus intereses corporativos por encima de las leyes de la República y de los derechos de las mayorías.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los miembros de la delegación de la SIP que se encuentra visitando nuestro país que:
Examinen con atención las políticas públicas que hemos resumido en el Apartado I para sumarlas a una evaluación equilibrada y de conjunto sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. No se trata sólo de limitar sino fundamentalmente de propiciar y promover nuevos actores en el ámbito de la comunicación y de garantizar la libertad de expresión para las mayorías.
Escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, movimientos sociales, de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas, las universidades nacionales, el movimiento cooperativista, radios y canales comunitarios y pymes, los pueblos originarios, y numerosas expresiones de la cultura, junto a ciudadanas y ciudadanos interesados en esta problemática.
Ponderen las declaraciones y manifestaciones de los numerosos organismos internacionales que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y los de aquellos que integran el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, quienes han elogiado reiteradamente las políticas del actual gobierno argentino, fundamentalmente en lo que respecta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la ley de despenalización de calumnias e injurias para asuntos de interés público.
Analicen las denuncias actuales de los actores privados del mercado de la comunicación en Argentina a la luz de las políticas públicas –legítimas y transparentes- que afectan sus intereses concretos y los convierten en juez y parte de su propaganda alarmista.
Evalúen las irregularidades resumidas en el Apartado II del presente documento, que constituyen una conducta sistemática de violación a la libertad de expresión por parte del grupo empresarial Clarín.
Finalmente, esperamos que puedan ser razonablemente ecuánimes, en honor a aquella visita memorable de 1978 y en atención al abismo que la separa de la realidad que estamos viviendo, no exenta de conflictos y disputas, pero en la que rige la más plena garantía estatal para el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de los ciudadanos.
Quienes entonces callaban el horror, hoy vociferan por una posible pérdida de sus privilegios. Eso no nos asusta. Sí que intenten convertir al gobierno democrático que legítimamente propone limitar sus pretensiones monopólicas en el monstruo autoritario que entonces apañaron en silencio para obtener estos negocios que consiguieron y defienden a cualquier precio.

Misión de la SIP ratifica su preocupación por estado de la libertad de prensa y pide respeto al gobierno



Buenos Aires (5 de mayo de 2011). - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ratifica su preocupación por las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país, mediante una estrategia oficial de control de la información.
Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien encabezó la delegación internacional, advirtió que las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Asimismo, Marroquín “hizo un llamado a todos los sectores y a la población en general a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia”.
Marroquín, del diario Siglo 21, Ciudad de Guatemala, Guatemala, llegó acompañado a Buenos Aires de Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, Estados Unidos; Claudio Paolillo, copresidente de esa comisión, del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec, de El País, Cali, Colombia; por Julio E. Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la institución respectivamente.
Más allá del documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto y establece que hay “completa libertad” de prensa en el país, la institución hemisférica ha constatado un panorama diferente en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad.                                                                                                                    
Luego de las múltiples entrevistas con actores políticos, sociales y periodísticos, la misión de la SIP fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos.
También la SIP detectó el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales. En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno.
La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad.
Rivard dijo que el temor de la SIP es que el “clima de la libertad de prensa continúe deteriorándose” y que “si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios de comunicación, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras del país, la verdadera libertad de expresión”.
Por su parte, Paolillo dijo que “debe quedar bien en claro que a diferencia de la opinión manifestada por el gobierno a la delegación, cualquiera sea la consideración sobre el accionar de periodistas y medios de comunicación, la responsabilidad principal para garantizar y promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión corresponde al Estado”. Ese mandato surge de la Constitución de la República y de los pactos internacionales reconocidos y suscritos por Argentina.
La SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país.
Desconcertó a la misión de la SIP saber sobre declaraciones de altos funcionarios de gobierno que trasuntan un desconocimiento de las responsabilidades que les caben en el ejercicio de su función en una democracia, como por ejemplo, el ministro del Interior, ha declarado que “los medios públicos están al servicio del gobierno” u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes.
En ese sentido, la SIP considera imprescindible una mayor voluntad política tanto de la oposición como del gobierno, para que el país se sume a otros que han  adoptado leyes efectivas de acceso a la información pública y transparencia; y adopte reglas claras y técnicas para la utilización de los dineros públicos, ya sea en materia de publicidad oficial como de propaganda electoral.
La SIP recuerda que los medios de comunicación del Estado deben estar al servicio de toda la sociedad y no ser utilizados por los gobiernos, cualquiera sea la ideología de éstos.
Este es un informe preliminar de la misión, cuyos resultados finales serán elevadas a las autoridades de la SIP. La delegación tuvo entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales, como Laura Zommer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas; Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano; y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles. También con el secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, y varios de sus colaboradores. Con la senadora, María Eugenia Estenssoro, presidenta de la Comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación; la diputada, Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y varios legisladores de esa Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.
La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil; Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros.
La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), entre ellos Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable; Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas; Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social. La SIP también se reunió con representantes de ADEPA, encabezados por su presidente, Daniel Dessein; con miembros de ADIRA, liderados por su presidente, Fernando Cuello; y de FOPEA, encabezados por su titular, Gabriel Michi.
Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo;  y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.
La SIP también recibió denuncias, y cuestionamientos, de parte de periodistas y otros empleados de medios de comunicación, que comparten la línea oficialista en materia de libertad de prensa sobre las amenazas, que según ellos, representan los “grupos monopólicos de la comunicación” para “el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” .
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

GMM 2011 - Marcha por la despenalización de la Marihuana


La Global Marijuana March (GMM) también conocida como Marcha Mundial de la Marihuana (MMM), se realiza desde 1999 el primer sábado de mayo de cada año, en simultáneo en ciudades de todo el mundo. Desde hace cuatro años, la marcha se realiza de manera autónoma en distintas ciudades de Argentina y es coordinada por la revista THC.

¡DESPENALIZACIÓN YA!
NO A LA TENENCIA SIMPLE

Por la urgente derogación de la tenencia simple de drogas y el cultivo, el único modo
de terminar con la criminalización, discriminación y maltrato a los usuarios.
Por un plan nacional de atención de las adicciones público, universal y gratuito.
Por el reconocimiento de los derechos
de los usuarios medicinales de marihuana.


Buenos Aires (C.A.B.A.)
Concentración 13:00 hs., marchamos a las 15:00 hs.
Marcha de Plaza de Mayo a Plaza Congreso ver mapa

Bahía Blanca (Bs. As.)
Concentración 16:00 hs.
Parque de Mayo (La Arcada)

Bariloche (Río Negro)
Concentración a las 15:00hs.
Centro cívico
Comodoro Rivadavia (Chubut)
Concentración 15:00 hs.
Plaza Kompuchewe (San Martín al 700) ver mapa


lunes, 2 de mayo de 2011

Murió Osama Bin Laden

El presidente de los Estados Unidos Barak Obama anunció ayer, repertinamente -un domingo a las 10:30 de la noche- que en un operativo de la CIA en Pakistán habían asesinado a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden líder de la organización Al qaeda a quien le atribuyen los atentados del 11 de septiembre, era el hombre más buscado del mundo. El terrorista más peligroso del mundo. Un supervillano.
Osama Bin Laden provenía de una rica  y prominente familia saudí. Más allá de su situación privilegiada, Bin Laden dejó todo y se fue a las montañas de Afghanistán para unirse a los Mujaidines, grupos de milicias, que durante la invasión soviética de los 80, con ayuda de los Estados Unidos (brindando armas, entrenamiento, financiamiento permitiéndoles contrabandear heroina), resistieron y expulsaron a los invasores.
Así es como nace Al qaeda con el propósito de llevar adelante la Jihad (guerra santa) a nivel global. Esta organización adquirió mucha notoriedad cuando en 1998 realizó dos atentados a embajadas norteamericanas en Kenya y Tanzania.
El 11 de Septiembre del 2001 Al qaeda llevó a cabo uno de los actos terroristas más espectaculares de la historia al secuestrar cuatro aviones y estrellarlos contra las torres gemelas y el pentágono.
Osama Bin Laden hizo que su causa fuera escuchada en todo el mundo, y en respuesta a sus medidas extremas obtuvo represarias extremas.
En su discurso Obama, quien obtuvo un premio nobel de la paz, dijo que dio la orden de que asesinaran a Bin Laden. Claramente no lo querían vivo. Osama Bin Laden era un hombre que sabía demasiado. Fue asesinado por la misma agencia con la que el había cooperado en los viejos años de la guerra fría para luchar contra los soviéticos. Existían intereses entre las familias Bush y Bin Laden por negocios relacionados al pertróleo Saudi. Sin duda Osama Bin Laden era una pieza clave que ejercía una suerte de double bind en el conflicto del colonialismo norteamericano y la resistencia radical en medio oriente.
Nunca podremos tener un juicio y escuchar al propio Bin Laden confesar su involucramiento en el atentado del 11 de Septiembre y que diera sus razones. Ese sin duda hubiera sido el jucio del siglo. Sin duda un jucio memorable como los de Nuremberg y el de Eichman en Jerusalén. 
Pero ese jucio nunca existió. Simplemente fue ejecutado.
Sin duda este personaje guarda muchos aspectos de otro no menos polémico como fue Ernesto "Che" Guevara. Murieron de la misma forma. Resistiendo el colonialismo norteamericano en tierras remotas, en la montaña, viviendo entre sus comunidades, pensando que desde allí dirigirían una revolución que cambiaría al mundo. La verdad es que el mundo ya había cambiado y nunca les dieron la oportunidad para decir su verdad ante un tribunal. Tal vez estos hombres eran más peligrosos en un tribunal que en el campo de batalla. Pero esto es algo que nunca sabremos.
Lo que nos queda por preguntarnos es, y ahora, quien es el hombre más peligroso del mundo? Cúal es el último enemigo de la paz? Kim Il Soon? Ghaddafi? Chavez? 
Me preocupa que la falta de jucio haga que señalar con el dedo a los super villanos sea una vanalidad.
Hoy el mundo es un lugar más seguro?