miércoles, 6 de abril de 2016

No es el fin de la impunidad. Es el fin del pacto de Olivos



Texto: Ricky Esteves
Ilustración: Ricardo Pedemonte
Como un huracán se desataron repentinamente una serie de acontecimientos que sacudieron a la Argentina. La prensa mundial publica una investigación periodística independiente que presenta documentos -conocidos como los papeles de Panama- que revelan una gran cantidad de operaciones de millonarios, famosos, y políticos para ocultar sus fortunas en paraísos fiscales a través de empresas off-shore. En esa lista figuran líderes mundiales, como el primer ministro de Islandia -que tuvo que renunciar a su cargo por el escándalo- el jugador de fútbol Lionel Messi y el director de cine Pedro Almodovar entre muchos otros. En esa lista figuran los argentinos Daniel Muñoz -un colaborador de los Kirchner- y el actual presidente Mauricio Macri.
En medio de un encendido debate sobre corrupción -en el que se pedía la cabeza de la directora de la secretaría anticorrupción- detuvieron al empresario Lázaro Baez por el delito de lavado de dinero al mismo tiempo que condenaban a Ricardo Jaime, ex-secretario de transporte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por enriquecimiento ilícito.

Entre festejos y acusaciones cruzadas en todas  direcciones por la detención de Lázaro Baez y la aparición de empresas off-shore en las que participa el presidente Macri asoma la esperanza de cambio y la desconfianza expresada en 2001 con el "que se vayan todos". 

El escándalo funcionó a su favor. Frente esta repentina -pero postergada- demanda de terminar con la corrupción y la impunidad la justicia actuó mostrando señales esperanzadores. Jaime y Baez serían un medio para lograr algo más ambicioso, juzgar a la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Es algo sin precedentes condenar a un presidente -por causas de corrupción- en la Argentina. En caso de que sucediera esto Cambiemos podría demostrar que puede cumplir sus promesas de luchar contra la corrupción. Que  estaría terminando con la impunidad en la Argentina. 
Pero deberíamos pensar si esto marca el fin de la impunidad o tan solo del pacto de Olivos.

El esquema tradicional de la democracia argentina de la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por una alternancia en el gobierno de los dos grandes partidos tradicionales, el peronismo y el radicalismo. Durante ese período se estableció un modelo político de acuerdos para permitir mutuamente el uso del Estado para beneficio de estos partidos. Dicho de otro modo, para no tener que denunciarse permanentemente por corrupción en los cambios de gobiernos. El pacto de Olivos fue la culminación de ese proceso político, el último gran acuerdo de inmunidad entre la UCR y el peronismo. Esto establecía un pacto de convivencia entre estos dos partidos garantizando el reparto del poder del Estado como botín de guerra de una contienda electoral.
A finales de los años 90 el sistema de partidos había entrado en crisis al no haber logrado amoldarse a las transformaciones sociales que se estaban produciendo perdido su capacidad de representación presentando el agotamiento de ese modelo político. La demanda de cambio y una nueva política dio lugar a la transversalidad y el surgimiento de la Alianza que brindó la victoria electoral y la presidencia a De la Rúa. De la Rúa era un político tradicional (se podía identificar con la vieja política) que se diferenció dentro del radicalismo oponiéndose al pacto de Olivos y demostrar más flexibilidad para alejarse de algunos núcleos duros de la UCR para acercarse a otras fuerzas. Su fórmula con Chacho Alvarez y un gabinete compuesto por radicales y frepasistas planteaba una promesa de cambio y de una nueva política. Pero el cambio no fue el esperado. Claramente la transversalidad no funcionó con De la Rúa ni con Kirchner.
La Alianza estaba provocando un giro en el eje del rumbo de la política partidaria tradicional. Comenzaba a desdibujar a estos dos actores desvaneciendo su pacto de silencio. La crisis del 2001 haría otro tanto por desdibujar todavía más el escenario político partidario argentino.
Fue entonces, en el 2001, que la pérdida de confianza en la política creó un vacío de poder que dió lugar a la proliferación de nuevas fuerzas, movimientos y experiencias políticas que planteaba un nuevo orden político que ponía en suspenso el acuerdo de inmunidad del modelo encarnado en el pacto de Olivos.
El kirchnerismo y su modelo de -relativa autonomía del peronismo tradicional y principales aliados- inclusión de movimientos sociales y piqueteros en la política terminó de disolver la otra parte que mantenía este acuerdo.
Entonces ocurre algo inesperado. Libre de compromiso para denunciar a su principal adversario -al menos en el campo de la enunciación- (que además provenía de la misma fuerza política), Kirchner posterga la oportunidad de reivindicar su lucha contra la corrupción de los 90 por necesidades políticas que lo obligan a aliarse a su enemigo. Carlos Menem asumiría una banca como senador por el Frente para la Victoria brindándole los fueros que garantizarían su inmunidad para ser procesado durante su período a cambio de su apoyo en el Congreso. Aquí, entre correligionarios, y por pura necesidad, se mantuvo una lógica de impunidad similar a la del pacto de Olivos. 
Tal vez Menem entendió mejor que Kirchner que había terminado una era. Claramente la presidencia de Nestor Kirchner marca un nuevo período de -para nuestra tradición democrática- de larga pero frágil estabilidad política. En este sentido Kirchner era muy conciente de la nueva situación político y supo interpretar astutamente la crisis del 2001. Pero le faltó a él o tal vez a Cristina la astucia de Menem para encontrar refugio al final de su mandato. Tal vez fue un exceso de confianza, el convencimiento de que mantendrían el poder, o el habitus de (la vieja costumbre de la política argentina) del intercambio de cortesías entre gobiernos de distintos partidos.

En el siglo XXI la UCR y el peronismo (como se podría entender de forma tradicional) ya no son los principales protagonistas de la política a nivel nacional. El viejo pacto de inmunidad entre estos dos partidos dejaría de existir presentando un nuevo escenario político para el Macrismo. La pérdida de relevancia de los partidos tradicionales y la eclosión de la demanda popular de ponerle fin a la impunidad establecieron una nueva configuración política que puso fin a una lógica de convivencia partidaria.
En parte el pedido de que "se vayan todos" se puede entender como un deseo de finalizar estas prácticas de la política tradicional en la que "una mano no sabe lo que hace la otra". Hasta incluso pensar el encantamiento con la figura de una "nueva política".

Es innegable un cambio de los tiempos en sentido generalizado. Desde comienzos del siglo XXI -acaso incluso antes- ha surgido un cinismo que ya es característico de nuestra época. El mundo se ha vuelto obscenamente transparente. Ya no hay nada que ocultar. No hay secretos. Todos saben y aceptan que existe explotación económica, dominación política y que los políticos mienten. Ya nada de eso resulta escandaloso. Se invadió Irak porque tenía armas químicas y luego se descubrió que no las tenía. Es más, se descubrió incluso que se sabía que no tenían armas químicas y que eso era solo una excusa para invadir Irak. Pero no sucedió nada parecido al impeachment de Clinton por el escándalo sexual en la casa blanca. Esto no sucedía solamente en la política, las empresas, los bancos, los inversionistas, los millonarios, no mostraron más escrúpulos que los políticos para hacer dinero provocando imprudentemente una crisis finaciera global en 2008. Las estafas de Enron, Worldcom, y Bernie Madoff crearon un escándalo con indulgentes repecuciones políticas. Más aún, el mismo Estado liberal que defiende la intervención fué en que intervino de forma brutal en el 2008, no justamente salvando a las víctimas de la crisis sino a sus culpables.
Esta sería la lógica cínica de nuestro tiempo, en la que no hay nada que disimular, sabemos todo, pero simulamos no darnos cuenta siguiendo el juego de la realidad contemporánea. Vivimos en la sociedad de la transparencia. Estamos expuestos a las miradas ajenas y no podemos resistir la tentación que ofrecen las redes sociales para hacernos visibles mostrando nuestras vidas privadas. Tanto la exposición compulsiva como el secreto de la intimidad dejan al desnudo nuestro nuevo mundo iluminando con una intensidad enceguecedora.

Este exceso de transparencia que expone y hace visible todo nos ha brindado una libertad paradójica. El exceso de transparencia, de positividad, presenta a todo como lo mismo. Permitir todo hace imposible oponerse a algo. En una sociedad en la que no hay límites no hay nada contra que revelarse. "Just do it", "Yes we can", "imposible nothing". Una sociedad que afirma todo no permite oponerse, estar en contra, en otras palabras, poder pensar algo distinto, un cambio verdadero.

Desde esta lógica podemos pensar la condena de Ricardo Jaime, la detención de Lázaro Baez y la denuncia de las empresas off-shore de Macri, en relación al tema de la demanda de terminar con la impunidad. El problema de la corrupción no lo descubrió este gobierno, ni lo inventó el kirchnerismo, ni otros gobiernos fueron menos obscenos respecto a esta cuestión. El menemismo se recuerda como una época de opulencia, la era de oro de los políticos, en la que se convirtieron en celebridades y muchos amasaron importantes fortunas. Surgieron los mitos (como fabulas folclóricas que resumen una "verdad" popular) de la pista de Anillaco y los lujos del menemismo. También comprobaron hechos tangibles de corrupción como la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y el encubierto de la explosión de la fábrica de río tercero. La corrupción en el gobierno de Menem no era una sospecha sino un hecho comprobable.
Las políticas de ajuste, el aumento del desempleo y la pobreza, y la desprejuiciada ostentación menemista alimentó el descontento con la clase política y la demanda popular de finalizar la corrupción. 

De la Rúa capitalizó este descontento agrupando esta reacción opositora a Menem bajo la promesa de una política más transparente y en contra de la corrupción. De la Rúa se presentaba como un hombre aburrido pero honesto. Pero no pudo mantener su promesa al quedar implicado en un caso de corrupción en el que intentaba convencer (sobornar) senadores para aprobar un ley con dinero obtenido de los fondos reservados de los servicios de inteligencia. Este caso tuvo como protagonista a Pontaquarto, el "arrepentido", quien no tuvo reparos en confesar todo. Un personaje que en vez de considerarlo heroico aparecía como un ridículo. Este absurdo planteaba dos cosas. La primera, que De la Rúa no había logrado cambiar nada y era tan corrupto como los demás. La segunda, que a nadie le importaba. Pontaquarto circuló por los canales y habló con todos los medios revelando todos los secretos del caso. Montando una escena ridícula que no trascendió más que como una noticia insólita que no provocó más que la indignación privada de los ciudadanos.
La corrupción en la política argentina en todos los niveles es ya un aspecto folclórico de la misma que se exacerbó cínicamente a partir de los años 90. En relación a la demanda popular de combatir la corrupción prometida por De la Rúa, no podríamos afirmar que el caso de las coimas en el Senado se aceptó pasivamente y que no contribuyó al colapso de su gobierno. Los argentinos habían perdido la inocencia y se resignaron a aceptar la corrupción como parte de la lógica política, dando lo mismo la integridad que la deshonestidad, siempre y cuando la política hiciera algo, cualquier cosa por la gente.
El reclamo por una nueva política del que "se vayan todos" le sirvió a Kirchner, que aunque no era nuevo en la política por lo menos era un desconocido. Se sabía muy poco de Kirchner, por lo menos fuera de Santa Cruz, y lo primero que se conoció de él fué el giro al exterior de fondos por regalías petroleras que realizó siendo gobernador. Esto fue recibido con ambiguedad, con el rechazo de algunos que se preguntaban por el destino de ese dinero, y admiración de otros por la azaña y astucia política que demostraba su movida. Pero persistió el recuerdo de la hazaña y no de ese dinero cuyo reclamo quedó en el olvido y opacado por otro casos.

La verdad que los Kirchner gastaron. Se puede discutir como gastaron pero es innegable que gastaron en subsidios, obra pública, programas sociales, educación, entre muchas otras cosas. Su modelo era crecimiento y desarrollo social impulsado por el Estado. Era un buen administrador, hábil con la plata, y sabía como gastar para generar movimiento en el mercado interno con cierta distribución que garantizara cierto grado de bienestar social atendiendo las demandas populares. En algún sentido -aún acosado por el espectro del 2001- el kirchnerismo hiciera algo inesperado para la política: hacer algo por la gente. Ante el sentimiento de desolación dejado por la crisis del 2001 la recuperación del modelo kirchnerista -una combinación de la matriz populista conservadora heredada de Duhalde con Roberto Lavagna y el estilo centralizado de Santa Cruz con De Vido- trajo alivio y optimismo indulgente.
De la manera que supo gobernar su provincia gobernó la Argentina, con un modelo de bienestar social y acumulación de poder político y económico. Solo se puede especular sobre si en su fantasía más altruista Kirchner creía que esa forma de acumular fortuna a través del Estado -que tanto había usado la oligarquía argentina- podría usarse de otra manera para crear una nueva burguesía que dinamizara el modelo de desarrollo social basada en la producción y el trabajo. Creo que había una idea romántica sobresimplificada de retorno a la sustitución de importaciones promovido fuertemente por el Estado. Es posible que en algún momento hubiera pensado que había un fin noble en su estrategia de acumular poder y riqueza creando nuevos actores que dinamizaran la economía y generaran (hoy tan en boga) derrame.

En ese sentido, desde el punto de vista liberal, promover la riqueza no debería implicar algo malo en sí, como si no fuera algo constitutivo del Estado regular los monopolios. Este conflicto se puede pensar más como una disputa intersectorial por los recursos del Estado. Que Lazaro Baez o Cristobal Lopez se hayan enriquecido por medio de negocios con el Estado no constituye ningún delito sino más bien la norma. Esto significa que si no es Lázaro Baez o Cristobal Lopez, es Nicolás Caputo y sino Roggio o cualquiera. Eso es más que inevitable, estructural de la lógica del Estado. Es un principio liberal básico del Estado como garante de un mercado interno y acumulación capitalista.
Por eso creo que si las causas contra Lázaro Baez apuntan a el origen de su fortuna sería muy difícil comprobar algún delito. Por otro lado, si lograran comprobar que existía un convenio con Baez para sobredimensionar el precio de la obra pública a cambio de parte de ese dinero, la muerte ya liberó de ese delito a Nestor Kirchner. Pero esto se puede hacer de formas que burlen las restricciones de lo que es legal o no, lo que concretamente se llama lavado de dinero. Este es un delito muy difícil de comprobar. Esto se aplica también al caso de Macri en relación a los papeles de Panama. Que como ya declaró la directora de la oficina anticorrupción "en sí no constituye un delito". Por otro lado Macri podría hasta declarar que efectivamente cuenta con capitales off-shore, pero provienen de fuentes legítimas. Un argumento que conformará a liberales, adherentes y simpatizantes del presidente, pero no degería de mostrar el carácter cínico de la política volviendo a poner en tensión la confianza y el escepticismo.
En este sentido no es importante si el presidente cometió algún delito a través de esas sociedades off-shore sino que las tuviera. Que no sea importante, que no sea un delito que un político posea sociedades off-shore, aunque fueran de antes que comenzara su carrera política indicarían el aspecto cínico de nuestra era. Esto sería como decir que el presidente es una persona honesta porque contando con los medios para lavar dinero no lo hace.

Le pueden echar la culpa al muerto y zafar todos o probar que Cristina Kirchner estaba implicada. Es decir, lograr algo sin precedentes, juzgar a un expresidente por casos de corrupción. Esto, aunque se nota un claro reordenamiento del poder en torno del nuevo gobierno, y que condenar a un expresidente por corrupción representaría un enorme triunfo político, el proceso judicial puede resultar complicado y permitirle a Cristina Kirchner ganar tiempo para encontrar alguna salido. Suponiendo el caso excepcional que se lograra condenar a un presidente democrático sentaría un precedente que se volvería un arma de doble filo que se puede utilizar contra uno mismo por próximos gobiernos. En ese sentido ese es un sendero difícil y peligroso.

Si efectivamente se lograra condenar a Cristina Fernandez de Kirchner esto se podría presentar como un cambio, el fin de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero también se puede ver simplemente como una consecuencia del fin del pacto de Olivos. Esto significa la desaparición de acuerdos interparlamentarios de complicidad.
De esto surgen tres escenarios. El primero, que esta jurisprudencia cree mecanismos disuasivos que reduzcan la corrupción. Segundo, que se vuelva una herramienta política que pudiera utilizar indistintamente cualquier partido para obtener un beneficio o ventaja generando una mayor politización de la justicia. Y tercero, que siente las bases para nuevos acuerdos políticos como el del pacto de Olivos que garanticen cierta alternancia con transiciones estables con baja conflictividad social consiguiendo una continuidad democrática conforme al orden constitucional.

Pero también resulta cínico que detengan a Lázaro Baez mientras circula por la prensa la noticia de la implicación del presidente en los papeles de Panama. Si no podemos creer en los Kirchner ni tampoco en Macri ¿esto no desacredita la confianza en la política en general asomando -el subestimado- recuerdo del 2001?
En el caso de la posibilidad de enjuiciamiento de la expresidenta los aspectos más generales que se podrían considerar si esto provocaría inestabilidad o el fortalecimiento del sistema político. Si esto pudiera generar conflictividad social y hacer de la justicia un instrumento político tanto para oficialismo como oposición. Esto significaría la creación de nuevas condiciones de gobernabilidad en las que el poder judicial tendría mayor importancia y peso en la política. Esto suponiendo que fortalezca el sistema político. Si por el contrario, produce desconfianza en la imparcialidad de la justicia, descontento social e inestabilidad política, podría conducir a una crisis. Para evitar esto el gobierno necesitará compensar esto logrando resultados económicos favorable para las clases medias y populares y no tener enfrentamiento con corporaciones gremiales o sindicales y mantener buenas relaciones con las provincias. De caso contrario este gobierno se puede convertir una agotadora batalla de desgaste que de lugar a un nuevo gobierno que pueda hacer uso de la justicia contra el anterior.
Siempre queda pensar en la inmanencia, que todo siga igual, que al final no pase nada, y que en cuanto se haya formado un nuevo modelo de alternancia democrática se vuelvan a acordar pactos que garanticen un juego político independiente de la justicia. Esto sería pensar que no terminó la impunidad sino tan solo la tregua entre la UCR y el PJ que había establecido el pacto de Olivos.

Esta no es una mirada escéptica sobre el fin de la corrupción sino una especulación cínica sobre el agotamiento de un modelo de complicidad política (impunidad) y la posibilidad de aparición de otro nuevo entre frente a un fortalecimiento o debilitamiento del sistema político en su relación con la justicia.
La diferencia entre que nadie vaya preso o todos vayan presos va a importar solo si brinda un beneficio a la ciudadanía más que un recurso judicial para la política. Enjuiciando a la expresidenta Cambiemos podría obtener una importante victoria que si no logra acompañar con resultados económicos podría convertirse en una amenaza.

Es importante saber si el gobierno logrará ser imparcial en su lucha contra la corrupción. Que logre demostrar que no está utilizando la justicia como instrumento político. El exceso de cinismo provoca un desesencialismo que reduce la política al bando, un escenario donde manda el más fuerte imponiéndole a los demás sus condiciones. El planteo cínico de esta cuestión hobeseana es que a veces preferible a la guerra de todos contra todos es mejor un pacto que someta a todos por igual por medio de la renuncia a las propias aspiraciones en beneficio de algo más

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